El Tribunal Supremo aclarará próximamente si los bancos tienen que devolver o no a sus clientes el principal tributo que abonaron al firmar la hipoteca, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. El Alto Tribunal ha decidido «aclarar, matizar, revisar o ratificar la doctrina jurisprudencial» acerca de quién debe costear ese gravamen, si la persona que recibe el préstamo para comprar una vivienda o la entidad que lo concede y, de ese modo, obtiene la garantía de poder cobrar.
Se da la circunstancia de que en el propio Supremo se ha producido la misma contradicción que en la Audiencia Provincial de Valencia, ya que las respectivas secciones especializadas en esta materia dan la razón a la banca, mientras las que juzgan asuntos civiles fallan a favor de los clientes al considerar que se trata de una cláusula abusiva.
