La propuesta aprobada por el Congreso llama a reformar la Ley de protección de la seguridad ciudadana, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal. En este último caso, con el fin de endurecer las penas previstas a fin de garantizar que los autores del delito de usurpación cumplen su castigo, disuadir a otros de cometer el mismo delito "e impedir la proliferación de organizaciones criminales que obtienen lucro de la actividad ilegal de la ocupación".
En el caso de los juicios verbales, el Congreso apoya que se decidan a través de ellos cualquier demanda que pretenda el lanzamiento o desalojo y la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, por parte de su dueño o usufructuario.
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